El “oro negro” volvió a manchar el mapa veracruzano. En menos de un año, tres operativos federales revelaron la existencia de instalaciones clandestinas dedicadas al procesamiento y almacenamiento de combustibles robados, en municipios estratégicos del estado: Las Vigas, Coatzacoalcos y Perote.
Los hallazgos, confirmados por la FGR, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad federal, exhiben un fenómeno que se niega a desaparecer: el huachicol que dejó de perforar ductos para volverse empresa.

El primer golpe ocurrió en Las Vigas de Ramírez, donde se hallaron 933 mil litros de petróleo crudo, vehículos y cisternas industriales en un predio adaptado como centro de acopio. Días después, en Coatzacoalcos, las autoridades federales descubrieron una planta que mezclaba y procesaba diésel y aceites, con más de medio millón de litros decomisados.
El hecho provocó polémica nacional: mientras la presidenta Claudia Sheinbaum la calificó como una refinería clandestina, la gobernadora Rocío Nahle insistió en que era “una mezcladora de productos”.
Finalmente, en Perote, la Marina encabezó otro operativo en una empresa fachada —“Reciclados del Altiplano”— donde se aseguraron 250 mil litros más y se detuvo a ocho personas. El decomiso superó los 247 millones de pesos.

Más allá de las cifras, el patrón es claro: las redes del huachicol se profesionalizan. Ahora operan bajo coberturas legales, con infraestructura industrial y logística de transporte.
Para el gobierno de Rocío Nahle, estos hallazgos son una prueba de fuego temprana: demostrar si Veracruz puede romper con un delito que, pese a los años, sigue siendo parte estructural de su mapa criminal.

De Las Vigas a Coatzacoalcos y Perote, los decomisos muestran coordinación institucional, pero también evidencian la profundidad del problema.
Porque el huachicol ya no solo se roba del ducto… también se roba desde el silencio, la complicidad y el olvido.

Coatzacoalcos vivió una escena impensable: una larga mesa en el Club Campestre reunió a catorce figuras que han gobernado la ciudad desde 1982. Entre ellos, nombres como Juan Hillman, Edel Álvarez Peña, Rogelio Lemarroy, Armando Rotter, Marcelo Montiel, Iván Hillman, Marcos Theurel, Joaquín Caballero, Víctor Carranza y el actual alcalde Amado Cruz Malpica, junto al electo Pedro Miguel Rosaldo García.
Lo que parecía una anécdota política terminó siendo una postal histórica: cuatro décadas de administraciones, tres generaciones de políticos y una sola ciudad como punto de encuentro.

El mensaje fue claro. Rosaldo, quien asumirá la presidencia municipal el 31 de diciembre, aprovechó el momento para subrayar su cercanía con la próxima gobernadora Rocío Nahle, asegurando que “esta administración contará con todo el respaldo para transformar Coatzacoalcos”.
Entre risas, anécdotas y consejos, los exalcaldes coincidieron en un punto: la necesidad de reconstruir la confianza ciudadana y aprovechar el impulso industrial y energético que traerá el Corredor Interoceánico.

La imagen de todos ellos en una misma mesa se convirtió en un símbolo de reconciliación política. En una ciudad marcada por los contrastes y los rezagos, esa foto puede significar el cierre de un ciclo y el inicio de otro.
El reto será mantener la cordialidad cuando los intereses vuelvan a chocar. Pero, al menos por una noche, Coatzacoalcos recordó que su historia no solo se escribe con diferencias, sino con coincidencias.

Javier Duarte podría recuperar la libertad.
El mismo hombre que simbolizó el colapso ético y financiero de Veracruz está a un paso de dejar el Reclusorio Norte, tras más de ocho años en prisión.
El exgobernador, detenido en Guatemala en 2017 y condenado por desviar mil seiscientos setenta millones de pesos, ha solicitado formalmente su liberación anticipada.
La audiencia ya tiene fecha: 12 de noviembre.
Y según fuentes penitenciarias, Duarte se ha despedido de sus compañeros con una cena de mariscos, refrescos y hasta brindis.

Su posible salida marca un giro inesperado en la historia reciente del estado.
El hombre que fue sinónimo de saqueo, hospitales sin medicinas y empresas fantasma podría volver a las calles antes de cumplir su condena completa.

El abogado Pablo Campuzano asegura que su cliente “ha cumplido con todos los requisitos” para obtener el beneficio de reducción de pena por trabajo, estudio y buena conducta.
La Fiscalía General de la República se ha opuesto, pero el juez tiene la última palabra.
Si Guatemala, el país que extraditó a Duarte, no presenta objeción, nada impediría su salida antes del 2026.

Durante su mandato, Duarte fue acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y desvío de recursos públicos mediante una red de empresas fantasma.
Miles de millones de pesos desaparecieron de programas sociales, hospitales y obras públicas.
Y pese a ello, la sentencia fue relativamente leve: nueve años de prisión y una multa de apenas 58 mil pesos.
Ni un solo peso ha sido devuelto.

La posible libertad de Duarte no solo indigna, sino que pone en evidencia la fragilidad del sistema judicial mexicano.
Un hombre que representó la impunidad política del PRI podría volver a caminar libre sin haber reparado el daño.

Políticamente, el caso tiene un peso enorme.
Duarte fue el rostro que hundió al PRI en Veracruz y allanó el camino para el ascenso de Morena.
Pero su regreso podría incomodar a muchos —tanto a los priistas que callaron como a los morenistas que construyeron su discurso sobre su caída—.
Si sale libre, no volverá como un hombre común, sino como alguien que guarda información, nombres y secretos de una época oscura.

El 12 de noviembre será el día clave.
Ese día, un tribunal de la Ciudad de México decidirá si el exgobernador más polémico de Veracruz recupera su libertad.
Y si lo hace, el mensaje será demoledor: en México, la cárcel puede ser temporal… pero la impunidad, permanente.